Caso "absoluciones pagas": la cámara de apelaciones habilita a la fiscalía a resolver la nulidad del acuerdo
El Tribunal de Apelaciones le dio la razón a la fiscal Paola González Pinto y revocó por unanimidad la resolución del juez Lucas Vaccaroni, quien la obligaba a "profundizar" una investigación que ella ya consideraba cerrada.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos de Catamarca resolvió por unanimidad revocar una decisión clave en la causa conocida como "absoluciones pagas". El fallo anula el Auto Interlocutorio dictado por el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Lucas Vaccaroni.
El tribunal, integrado por los jueces Rosa Elena Berrondo Isí, Luis Guillamondegui y Marcelo Soria, hizo lugar al recurso de la fiscal de Instrucción, Paola González Pinto, quien había apelado la orden de Vaccaroni de profundizar la investigación antes de emitir una sentencia sobre la nulidad del acuerdo de partes.
El Conflicto de la Investigación Cerrada
La controversia central giraba en torno a si la investigación penal estaba completa o si requería mayor desarrollo probatorio. El juez Vaccaroni había exigido a la fiscalía un "proceso autónomo de conocimiento de amplio debate y prueba" previo a resolver sobre la acción de nulidad.
La fiscal González Pinto argumentó ante la Cámara que la investigación ya estaba cerrada y que no existía más prueba "pertinente y útil" que presentar.
"¿Qué planteo de las partes debo resolver? ¿Si considero que la investigación ya está cerrada, que no puedo, ni debo agregar nueva prueba, a quién debo atender para resolver los planteos?", cuestionó la funcionaria judicial, señalando que la orden de Vaccaroni generaba una indebida duplicación de la investigación.
Irregularidades en el Acuerdo
La fiscalía busca anular el acuerdo propuesto en diciembre de 2024 por el fiscal Hugo Costilla y homologado por el exjuez Rodolfo Maidana. Este convenio permitió la extinción de la acción penal y el sobreseimiento total y definitivo de los cuatro acusados del violento asalto en la casa de los hermanos Rolón Reynoso, ocurrido en septiembre de 2024.
La acción de nulidad presentada por González Pinto se basa en:
Violaciones al Orden Público: La fiscalía constató irregularidades, incluyendo la reincidencia del imputado Diego Arroyo, quien registra seis condenas previas.
Perjuicio Social: La fiscal argumentó que el convenio es "lesivo a los intereses sociales" y burla las expectativas de los acreedores de una de las víctimas, Matías Rolón Reynoso.
Con la revocación del fallo de Vaccaroni, la Cámara de Apelaciones le otorga a la fiscal González Pinto la potestad de avanzar en la resolución de la acción de nulidad por "cosa juzgada írrita" sin necesidad de abrir una nueva etapa probatoria.