Conciencia ambiental en Argentina: una alarma que ya no podemos posponer

Para tomar dimensión del desastre ambiental que sufre hoy Argentina hay que decir que en 2020 los incendios afectaron a 11 provincias y quemaron más de 175 mil hectáreas. En Córdoba, sin ir más lejos, el fuego no solo generó pérdidas materiales sino que causó en los últimos días dos víctimas fatales (algo que no pasaba hace más de 12 años en el segundo distrito más importante del país). Paradójicamente, en el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, las cifras terroríficas que están arrojando los incendios forestales representan el zamarreo necesario para despertar de esta pesadilla.

En una semana en la que la noticia en el ámbito legislativo fue la escena porno de un “pseudodiputado”, lo que realmente necesitamos (así en plural) mediatizar en el Congreso son las discusiones ambientales. Hay que entender que el medio ambiente que nos queda no entiende de burocracias y el tiempo para actuar es hoy. Desde hace más de una década que la pugna por distintas leyes dejan baches e incluso nunca se terminan sancionando. En ese sentido, la ley de bosques por ejemplo, si se sancionó, pero nunca obtuvo el presupuesto que la propia norma establecía.

Y como dijo Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales por la UBA, para hablar de política ambiental "hay que pensar un modelo de desarrollo donde siempre esté incluido el ambiente. Desarrollo sin ambiente no es desarrollo". El desafío es entender que los debates en torno al medio ambiente deben servir de manera constructiva para implementar medidas que alienten a preservarlo. Por ejemplo, la ley de humedales, cuya implementación busca mantener aquellos ecosistemas imprescindibles para mantener la salud de personas y ambientes.

Necesitamos con urgencia por parte del gobierno iniciativas a largo plazo, y en ese sentido una propuesta interesante surgió en los últimos días por parte del Presidente de la Nación junto al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Se trata de la Ley de Educación Ambiental, que buscará ser una herramienta de formación continua en todos los niveles del Estado y así poder incorporarla luego como perspectiva ambientalista a las políticas públicas, a la legislación y al Poder Judicial.

La aprobación en Diputados del Acuerdo Escazú, un tratado internacional que pretende resguardar el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también representa un punto de inflexión a la hora del involucramiento que tanto se le exige al gobierno. Según Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos, el tratamiento del tratado “significa asumir el compromiso de políticas ambientales, donde la perspectiva de la educación ambiental es muy potente. Era urgente y muy necesario que Argentina sea parte de este acuerdo”.

Ahora bien, no menos importante es trasladar al congreso un tema fundamental: la profesionalización de brigadistas y bomberos. Si realmente se pretende un cambio de fondo, no podemos tener los roles más necesarios para combatir incendios trabajando de manera voluntaria. En Argentina, los Bomberos Voluntarios sobreviven gracias a las “donaciones” que reciben por parte del Estado y el aporte solidario de vecinos, familiares y el sector privado. ¿En serio no puede destinarse un fondo presupuestario para gente que lo da todo a cambio de uno que otro título noticioso con el adjetivo “héroe”?.

Haciendo un revisionismo histórico en el país, la aparición del primer cuerpo de bomberos data de 1884, año en el que tras un incendio en el barrio Tomás Liberti de La Boca, se creó entre vecinos la primera agrupación de bomberos voluntarios del país. Recién 70 años después, en 1954, se creó la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, que hoy en día nuclea a todas las organizaciones del territorio nacional. Para poder subsistir quienes integran los cuerpos de bomberos voluntarios necesitan trabajar de otra cosa.  

En promedio, los escuadrones de bomberos voluntarios están compuestos por entre 60 y 80 personas que trabajan sin percibir un sueldo, con la única motivación de servir a la comunidad. Este oficio les demanda aproximadamente unas 40 horas voluntarias mensuales y en muchos casos más 24 horas obligatorias un fin de semana. Los datos son contundentes y para “grabarlos a fuego”. ¿De verdad el costo económico que puede representar profesionalizar a los bomberos está por encima de las pérdidas millonarias que dejarán los incendios este año?. Esta vez necesitamos de la “voluntad” del gobierno para rever este asunto. ¡El momento de despertar es ahora!.